Justicia en casos de falsos positivos, que no haya exceso de fuerza y más eficiencia, los pilares.
Contra la oposición de la ONU, de Human Rights Watch y de otras influyentes ONG del mundo, el Congreso aprobó la reglamentación del fuero militar propuesta por el Gobierno y avalada por la Fiscalía.
El Gobierno del presidente Juan Manuel Santos se juega, basado en los evidentes avances en derechos humanos de los últimos tres años, una carta clave, pues se empeña en sacar una reforma que exigía la Fuerza Pública pero que, si fallan los controles, le puede salir muy cara ante la comunidad internacional.
Estos son tres de los retos que implica para Colombia la aprobación de la polémica iniciativa.
1. Hacer pronta justicia en los casos de falsos positivos.
La Fiscalía investiga cerca de dos mil casos que tienen empapelados a casi cuatro mil militares activos y en retiro. Además de desarmar la prevención de la ONU sobre el supuesto paso de centenares de esos procesos a la Justicia Militar, la justicia ordinaria tiene el reto de llevar las investigaciones más allá del nivel de autores materiales de esos homicidios, que hasta ahora sólo han salpicado a oficiales con grado de coronel. La Fiscalía cree que esos crímenes, que se repitieron en varias zonas del país, podrían obedecer a un patrón sistemático y que habría oficiales de mayor rango involucrados.
2. Garantizar que no habrá excesos de fuerza.
Hoy, las bandas criminales son la amenaza más fuerte a la seguridad en varias zonas del país y, ante la falta de claridad en las reglas de juego para combatirlas, muchos sectores advierten que su violencia podría desbordarse.
Un punto clave en la reglamentación es la posibilidad de que la Fuerza Pública haga operaciones militares contra las bandas criminales, que en algunas zonas del país tienen campamentos y decenas de hombres armados con fusiles y que son la principal amenaza contra la población civil en esas regiones. La crítica de las ONG apunta a que la definición de blanco legítimo era muy amplia. Evitar excesos en la aplicación de esa nueva facultad será clave para desarmar la prevención internacional.
3. Que la Justicia Militar muestre eficiencia e independencia.
La jurisdicción militar tradicionalmente ha sido cuestionada por su falta de resultados e independencia del alto mando. Si hay decisiones apegadas al derecho internacional humanitario, que será el norte de su accionar en adelante, claramente separadas de la posición de la cúpula, se enviará el mensaje de independencia y credibilidad que exige la comunidad internacional. Lo propio vale para las comisiones mixtas que deben definir cuál jurisdicción asume los casos, si la ordinaria o la militar
