El 'Mellizo' aseguraba que el lote era suyo, pero luego apareció a nombre de la captadora ilegal.
La disputa judicial por el lote El Bihar B, avaluado en 23.000 millones de pesos, terminó a favor de la Sociedad Liquidadora DMG, según lo determinó un fallo de la Corte Suprema.
El terreno, situado en la autopista Norte con calle 191 de Bogotá, también era reclamado por las víctimas de los paramilitares del bloque Vencedores de Arauca, quienes no pudieron demostrar que el bien perteneciera a Miguel Ángel Mejía Múnera, el 'Mellizo'.
Aunque el capo entregó el lote para reparar a sus víctimas, fue extraditado a EE. UU. en el 2008 sin demostrar al Fondo de Reparación su propiedad sobre el bien.
El 'Mellizo' aseguró que había recibido el lote en pago de una deuda por un millón de dólares. Pero luego apareció en manos de la captadora DMG, en una negociación con una firma intermediaria.
"Ni a Mejía Múnera ni a persona alguna designada por él se le transfirió la propiedad; por eso, el postulado no tiene derechos sobre el predio y se levanta la medida cautelar sobre el inmueble", concluye el fallo de la Corte.
La decisión señala, además, que el El Bihar B proviene por igual de actividades ilícitas -de un lado el narcotráfico y del otro la captación masiva ilegal de dinero- y advierte que "solo los bienes saneados pueden ser entregados al Fondo de Reparación, y si de manera amistosa no se pudo deshacer la simulación, deberá procurarse la vía litigiosa en proceso aparte".
En este caso, concluye la Corte, las autoridades deberán probar en otras instancias que el lote estaba en manos de testaferros del 'Mellizo'. "La Fiscalía debe dar curso a las autoridades penales para que sea investigado el delito de testaferrato, toda vez que no es en el proceso de Justicia y Paz donde se deba demostrar la ocurrencia de tal".
'Mellizo' es narco y jefe 'para'
Miguel Ángel Mejía, alias el 'Mellizo', es considerado un narco que llegó a ser comandante de las Auc, por lo que acaba de ser excluido parcialmente de Justicia y Paz. Ha entregado seis bienes en Cesar, Atlántico y Córdoba y 2.500 millones de pesos en efectivo para la reparación de víctimas.
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