Según la funcionaria, tres magistrados -Humberto Sierra, Ernesto Vargas y María Victoria Calle, que integraban la Sala Octava de Revisión de Tutela- permitieron que ese plan tuviera éxito, a pesar de que estaban enterados de los contraargumentos de la Procuraduría.
"So pretexto de defender los derechos fundamentales en una acción de tutela, se orquestó una estrategia de litigio y de medios de comunicación que afectó en todas sus proporciones al Estado Social de Derecho, así como el derecho al acceso a la administración de justicia", dice el documento.
Para la Procuraduría, no había víctimas ni derechos fundamentales violados, por lo que supuestamente no procedía la tutela.
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