Por estos días, la Corte Constitucional estudia una demanda de inconstitucionalidad sobre la Ley 1482 del 2011 (ley antidiscriminación) porque esta no incluyó a la población con discapacidad. En manos del magistrado Luis Guillermo Guerrero está decidir si esta ley, que convirtió en delitos los actos de racismo, discriminación u hostigamientos por razones de raza, sexo u orientación sexual, debe extenderse a la población discapacitada.
Se espera que en los próximos días presente su ponencia, que sería estudiada, según fuentes consultadas por EL TIEMPO, a fines del mes de septiembre. Mientras tanto, en una reciente decisión el alto tribunal reiteró jurisprudencia frente a la discriminación. Lo hizo en el estudio de una tutela interpuesta por una mujer de raza negra que fue discriminada por el Icetex debido a su color de piel. La mujer relató que al presentarse en la oficina de esta entidad en Medellín para presentar unos papeles, el vigilante le negó el ingreso, a pesar de que aún corría el horario de atención al público. “El impedimento para ingresar a esa oficina estuvo estrictamente motivado por razones raciales”, señaló la joven.
El Icetex, a su turno, aseguró que no permitir el ingreso de la mujer fue parte de una medida preventiva. “Se decidió aplicar restricciones a la entrada de visitantes ese día, dadas las amenazas y los disturbios que se presentaron en el centro de la ciudad”, señaló.
El Icetex, a su turno, aseguró que no permitir el ingreso de la mujer fue parte de una medida preventiva. “Se decidió aplicar restricciones a la entrada de visitantes ese día, dadas las amenazas y los disturbios que se presentaron en el centro de la ciudad”, señaló.
En el estudio del caso, “la Corte prende las alarmas frente a lo sucedido y resalta que la persona objeto de exclusión pertenece a un grupo tradicionalmente discriminado al que se le ha impedido históricamente el ejercicio de sus derechos.
Es evidente que cuando la negativa a prestar un servicio obedece a motivos raciales, la exclusión constituye una afrenta vejatoria y un agravio (…) En esta caso la actuación de la entidad sí encaja dentro de los parámetros que la jurisprudencia ha diseñado para concretar la existencia de conductas discriminatorias, que en este caso ocurrió bajo el mando de una medida de seguridad de un edificio”.
Es evidente que cuando la negativa a prestar un servicio obedece a motivos raciales, la exclusión constituye una afrenta vejatoria y un agravio (…) En esta caso la actuación de la entidad sí encaja dentro de los parámetros que la jurisprudencia ha diseñado para concretar la existencia de conductas discriminatorias, que en este caso ocurrió bajo el mando de una medida de seguridad de un edificio”.
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